Si el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez (Belmonte, Asturias, 1956) ha pisado este verano la playa ha sido para explicar las razones de la huelga general del 29 de septiembre. No son otras que la reforma laboral, que, a su juicio, profundiza en la precariedad en el empleo y entierra los retos de apostar por la formación y la calidad industrial. "Esta reforma no es europea", denuncia.
Pregunta. Pero Europa y los organismos multilaterales la han aplaudido.
Respuesta. Y entonces, ¿por qué no la ponen en marcha Alemania y Francia? Ellos apuestan por un mercado laboral de gente cualificada, que produzca valor añadido y por una industria de I+D+i. Aquí lo primero que quitamos es la inversión en I+D+i, que es clave para no depender de los salarios. ¿Tendremos que hacer otra reforma dentro de tres años para incidir en los costes laborales y seguir siendo competitivos en el mercado internacional?
P. ¿Cuál será la incidencia de la reforma en el mercado laboral?
R. No se están resolviendo los problemas de fondo, el cambio de modelo productivo. Al contrario, estamos profundizando en estas deficiencias. Después de la reforma, el mercado laboral español se parecerá más al marroquí que al alemán. La reforma no introduce más calidad en la producción, ni más formación, sino que abarata los costes por la vía de reducir salarios. En los últimos meses la temporalidad ha aumentado. Si se reduce la dualidad entre fijos y temporales será porque hay más eventuales. El Liceo es el primer ejemplo de esta reforma: reestructuración sin diálogo.
P. ¿No han esperado demasiado para convocar la huelga?
R. La reforma se aprobó en junio y convocar una huelga en 15 días no es fácil si queremos que sea mayoritaria, masiva y razonada. Aprovecharemos julio y agosto para convocar el máximo de asambleas. El 29 de septiembre viviremos una huelga cívica y pacífica y, si lo logramos, la reforma se derogará.
P. ¿Tendrá tanta incidencia como para costarle el puesto al ministro, como en otras ocasiones?
R. El efecto de la huelga no sé si será el cese de la vicepresidenta del Gobierno [Elena Salgado] o echar atrás reformas que hay en el cajón como la de las pensiones y empezar un proceso de diálogo social. En todo caso, se abrirá un panorama positivo para los trabajadores.
P. Pero a los sindicatos cada vez les cuesta más arrastrar a los trabajadores a la huelga. Eso se vio en la de funcionarios.
R. Arrastrar a la gente en esta situación no es fácil. La gente tiene miedo y hay que darle cobertura para que no deje que hacer huelga por eso. Pero no hemos de valorar las convocatorias solo con los datos de participación, sino con lo que vemos en la calle.
P. Cataluña es la comunidad que más empleos fijos ha destruido. Tras la crisis, ¿el mercado laboral será aún más precario?
R. Cataluña había tenido la temporalidad más baja por el tipo de producto que hacemos. La industria de una cierta calidad necesita estabilidad y formación. Si no recuperamos esa actividad, el mercado de trabajo se irá degradando.
P. El presidente José Montilla dio entrada a los partidos la oposición en el Acuerdo Estratégico por la Competitividad. ¿Cómo ha ido?
R. El acuerdo está en un punto muerto, pero no más allá del punto en el que se halla la política catalana. En periodo electoral, un acuerdo así queda aparcado esperando un nuevo impulso político del Gobierno que salga de los comicios. El último intento de situarlo en el centro del debate político era voluntarioso pero de difícil eficacia.
P. ¿Seguirá la política pactista de los sindicatos de los últimos años si cambia el Gobierno?
R. Veremos qué pasa, quién gobierna, pero el acuerdo estratégico es un buen instrumento, que debe perdurar poniendo más énfasis tal vez en unas medidas más que otras. Hay que esperar a ver quién gobierna y qué políticas quiere desarrollar.
